En las últimas semanas el veto presidencial a una ley que proponía el retiro de tropas norteamericanas de Iraq y el resultado de negociaciones ejecutivo-parlamento con relación a aspectos de política comercial (Tratados de libre comercio) y de inmigración ponen en relieve la importancia del sistema de pesos y contrapesos (Checks and Balances) o equilibrio de poderes en los Estados Unidos.
El sistema de pesos y contrapesos nace de la idea ilustrada de la separación de poderes que tuvo en Montesquieu uno de sus principales promotores en “El espíritu de las leyes” dónde presenta al poder como un órgano compuesto de triple funcionalidad: legislativa, ejecutiva y judicial, funcionalidad que debía ejercerse de forma autónoma para evitar el abuso y el despotismo.
Es así que, para prevenir los excesos de alguna rama del poder se convirtiera en suprema, y para promover la cooperación entre las mismas, se crean sistemas de equilibrio de poderes que establezcan procedimientos que permitan a una de las ramas establecer límites a las otras, generalmente, mediante la ratificación do veto de las decisiones, el nombramiento de autoridades e incluso la revocación de las mismas.
La constitución Americana otorga al Congreso la potestad única de legislar, potestad que es irrenunciable y por lo tanto no puede ser delegada a ninguna otra instancia. Sin embargo, el poder ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer cuanto esté a su alcance para que las leyes se cumplan o de vetarlas si lo considera necesario, lo que incluye también otorgar el perdón o amnistía a los condenados. Finalmente es el poder judicial el que cuenta con la capacidad de interpretar las leyes y establecer la constitucionalidad de las mismas.
Es el ejecutivo quien, con la aprobación del Congreso, nombra a los jueces. Pero los sueldos de éstos y de los demás funcionarios públicos son establecidos por el Congreso, que, adicionalmente, preserva el derecho de revocatoria (impeachment) tanto para jueces como para oficiales del ejecutivo, incluido el presidente.
Estos elementos de la política interna tienen gran impacto en el desarrollo de la política exterior de los Estados Unidos.
Política comercial
Luego de la segunda guerra mundial los Estados Unidos se consolidan como potencia económica y militar e inicia una carrera de promoción y dominio industrial a nivel mundial que logra consolidarse al final de la guerra fría. El modelo económico capitalista liberal de los Estados Unidos se impone y es a partir de allí que se busca difundir el modelo hacia el resto del mundo, planteando el libre comercio como principal clave para el desarrollo pero al mismo tiempo como elemento clave de afianzamiento de la hegemonía de los estados unidos a nivel mundial, ejerciendo a través de un modelo económico e ideológico un “poder blando”.
Es claro que dicho “poder blando” se fortalece en un entorno de políticas consistentes y que, en dicho contexto, promover los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Korea y países de América Latina podría constituir una oportunidad para no perder posiciones frente a la creciente influencia de la China en la economía mundial, la cual viene también acompañada con un “poder blando” que le permite salir de una imagen de productor de bajos costos y condiciones laborales infrahumanas e integrarse al mundo gracias a la fuerza cultural y una estrategia de apertura y colaboración.
El acuerdo logrado entre el ejecutivo y los demócratas apunta a la ratificación de los TLC incluyendo modificaciones o especificaciones anexas en aspectos relacionados con el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Organización Mundial del Trabajo y la posibilidad del uso de medicamentos genéricos en los socios comerciales de los Estados Unidos sin infringir las leyes de protección de patentes.
Esto último significa, en palabra de Sander Levin, representante demócrata, “asegurar que la globalización se abra para mucha más gente”.
Este acuerdo era necesario para culminar el proceso de ratificación de los TLC, los cuales fueron negociados durante un periodo en el cual el presidente de los Estados Unidos cuenta con autoridad delegada para promover en comercio (Fast track). Dicha autoridad delegada le fue otorgada mediante el Acta de Comercio de 2002 y expira en Julio de 2007.
De esta forma, se consolida la posición de demócratas a partir de su fuerza en el Congreso lograda gracias a los resultados de las últimas elecciones dado que logra introducir modificaciones en el texto negociado y firmado mediante un acuerdo previo a la discusión de los TLC en el Congreso. Cabe aquí señalar que según las reglas del Fast Track el congreso no puede hacer modificaciones al texto que remita el ejecutivo, y solo podrá aprobar o desaprobar el texto, por ello la necesidad de lograr acuerdos antes de la remisión del texto.
Política de seguridad
Aún cuando la constitución de los Estados Unidos establece que el Presidente es el Comandante en jefe del Ejército y la Marina, y, a partir del Acta de Seguridad de 1947, de la Fuerza Aérea, la misma constitución otorga al congreso la exclusiva potestad de declarar la guerra, lo cual de alguna forma pretendería limitar el poder presidencial para el ejercicio de la fuerza en el frente externo.
La historia muestra que dicho límite es bastante débil dado que la guerra ha sido declarada formalmente con el Congreso solo en cinco oportunidades: contra Inglaterra, España y México para anexar territorios y en las dos Guerras Mundiales. Todas las demás guerras, incluyendo Vietnam, Corea e Iraq, fueron llevadas a cabo sin haber sido declaradas por el Congreso.
Luego de la guerra de Vietnam, y en razón de sus resultados, el Congreso intentó limitar el poder presidencial para el envío de tropas en situaciones de guerra no declarada mediante el Acta de Poderes para la Guerra de 1973 la cual establece que para el envío de tropas se debe hacer una consulta al Congreso. Esta disposición se ha cumplido desde entonces, salvo por el caso del envío de tropas americanas a Serbia durante la Guerra de Kosovo.
Desde entonces, a pesar que muchos consideran el Acta de 1973 como contraria a la constitución por limitar los poderes presidenciales, el ejecutivo requiere la autorización del Congreso para financiar las acciones armadas.
En el reciente caso del veto presidencial a la ley que autorizaba el presupuesto para continuar las operaciones en Iraq bajo la condición del establecimiento de un cronograma para el retiro de tropas constituye una muestra clara del duelo entre los poderes por el manejo de la guerra. Por un lado es necesario contar con el presupuesto aprobado por el Congreso pero por otro, el Congreso se estaría atribuyendo poderes que no le corresponden al definir un cronograma para el retiro de tropas, lo cual es parte de la estrategia militar y por tanto prerrogativa presidencial. El presidente Bush veta la ley, pero aún necesita el presupuesto ya que no le es posible hacer un veto parcial, las negociaciones relacionadas con los recursos para mantener las tropas en Iraq y el proceso de retirada continuaran generando tensiones entre el ejecutivo y el congreso.
Reflexiones finales
En materia de política exterior los poderes del estado con mayor influencia en los Estados Unidos están representados por el Congreso y el Presidente.
En materia comercial existe una situación de confianza y cooperación creada mediante una delegación de facultades para negociar tratados de libre comercio, confianza que puede perderse a lo largo del proceso y que puede encontrar diferente contrapeso al momento de obtener la confianza y al momento de solicitar la ratificación de los TLC.
En materia de seguridad, históricamente la Presidencia ha tenido el control mediante el uso exclusivo de la fuerza, aún sin autorización del Congreso o sin necesidad de declarar la guerra. No obstante ello, en una situación como la actual en la que la guerra en Iraq es marcadamente impopular, el Acta de 1973 recupera parte de la fuerza que esperaba tener para controlar el despliegue de tropas.
Ambos procesos nos permiten observar que la separación de poderes en los Estados Unidos no es clara y que la fuerza de uno u otro depende del apoyo y soporte que se obtenga en un escenario político específico.
